Desafíos en la afiliación a la seguridad social en España

El número de afiliados a la Seguridad Social en España alcanzó un total de 521.891 en los seis primeros meses del año, un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata de un récord histórico desde que se empezó a registrar esta serie en 2013. Sin embargo, este incremento se produce en un contexto de preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos, a la espera de la propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno, Yolanda Díaz.

Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una resolución en la que afirmaba que las actuales normas de indemnización por despido, que prevén un máximo de 24 meses de salario en caso de despido, son incompatibles con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona una compensación adecuada a los trabajadores y no disuade suficientemente a las empresas de realizar despidos improcedentes.

El PSOE y Sumar han acordado revisar el régimen de despidos para adaptarlo a la legislación europea. Sin embargo, esta medida ha provocado desacuerdos entre los ministros sobre la cuestión de reconocer las críticas del comité. Se propone la posibilidad de suprimir el límite de 24 meses de indemnización e introducir una compensación adicional en función de las circunstancias del trabajador en cuestión.

Los sindicatos, en particular la UGT, han llevado este problema a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas por enfermedad injustificadas. En el primer semestre de 2021, el número de despidos aumentó un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa y dejar a los trabajadores sin protección.

Aunque algunos empleados se ven obligados a enfrentar procedimientos disciplinarios sin compensación, muchos de estos casos terminan en arbitraje o litigio. Esto da como resultado una bonificación de compensación de 33 días, lo que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar sus despidos con razones objetivas y más fáciles de argumentar en la práctica.

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social confirman esta tendencia: el 54,9% de los retiros se clasifican como medida disciplinaria individual, mientras que sólo el 41,85% se deben a razones objetivas como económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación proporcionada en el momento del despido y no en revisiones posteriores.

A pesar de la aparente mejora en el número de afiliados, los datos sobre despidos y costes también muestran un aumento de las bajas por enfermedad. Este escenario se ha agravado tras la reforma laboral, que ha provocado un aumento de los despidos, especialmente entre los trabajadores recién contratados o con menos experiencia.

El debate sobre la regulación de la rescisión sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de este reglamento genere inseguridad jurídica en las negociaciones. Se debate sobre mantener el límite actual pero dar a los jueces más herramientas para fijar una compensación más alta en caso de despido improcedente.

PSOE y Sumar también prefieren centrarse en acuerdos sobre reducción de jornada antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas.