El 30 de mayo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de duplicar los aranceles a las importaciones de acero, elevándolos del 25% al 50%. Este anuncio se realizó durante un mitin en la planta Mon Valley Works-Irvin de U.S. Steel en West Mifflin, Pensilvania, y busca fortalecer la industria siderúrgica nacional frente a la competencia extranjera.
Trump justificó la medida como una forma de proteger la seguridad nacional y asegurar la autosuficiencia industrial de Estados Unidos. Afirmó que el aumento arancelario impediría que otros países eludan las políticas comerciales estadounidenses y destacó que la medida entrará en vigor la próxima semana.
Este incremento arancelario coincide con el anuncio de una inversión de 14.000 millones de dólares por parte de la empresa japonesa Nippon Steel en U.S. Steel. Aunque inicialmente Trump se opuso a la adquisición de U.S. Steel por parte de Nippon Steel, ahora respalda una asociación que mantiene el control estadounidense sobre la empresa mediante una «acción de oro» y una junta directiva mayoritariamente estadounidense.
El incremento de los aranceles ha provocado una variedad de respuestas. Los empleados del sector siderúrgico están contentos con la noticia, dado que la iniciativa podría resguardar empleos y estimular la inversión en fábricas del país. No obstante, sectores que utilizan el acero, como el de la construcción y la industria manufacturera, manifiestan inquietud ante el posible aumento en los costos y la inflación que podría derivarse.
En el ámbito internacional, países exportadores de acero como Canadá, México, Brasil y Corea del Sur podrían verse afectados por la medida. Aunque China representa una pequeña fracción de las importaciones de acero de EE.UU., sigue siendo un objetivo en la política comercial de Trump debido al exceso de oferta global y los bajos precios del acero chino.
La estrategia arancelaria de Trump ha enfrentado desafíos jurídicos. No hace mucho, una corte federal determinó que ciertos aranceles anteriores eran ilegales por sobrepasar las facultades del ejecutivo, aunque esta resolución no impacta directamente en los aranceles sobre el acero. La administración Trump ha recurrido la decisión y sigue promoviendo su política proteccionista.
