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Claudio Grossman, abogado chileno especializado en derechos humanos y asesor especial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), presentó su renuncia porque no está de acuerdo con el lento ritmo de las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela bajo la Corte Penal Internacional ( CPI) gobierno de Nicolás Maduro. La noticia la informó este viernes la agencia AP tras tener acceso a un correo electrónico que Grossman envió al fiscal de la CPI Karim Khan en noviembre.
En su mensaje, Grossman expresó frustración por la falta de acciones concretas contra los responsables de las graves violaciones reportadas en el país sudamericano y rechazó la posibilidad de extender el contrato. La CPI, por su parte, informó que el cargo de Grossman había sido rescindido «de conformidad con su contrato preexistente».
«El fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha realizado», afirmó un comunicado oficial de la CPI.
Un experto con amplia experiencia.
Grossman, nacido en Chile, es un reconocido abogado y ex profesor de la Facultad de Derecho de la American University en Washington. En octubre de 2021, fue nombrado asesor especial de Karim Khan y formó parte de un equipo de expertos voluntarios destinado a fortalecer áreas clave identificadas por el fiscal. Su renuncia marca un momento crítico en el caso venezolano, que ha sido foco de escrutinio internacional debido a acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Maduro.
La investigación de Venezuela: avances limitados y críticas crecientes
La CPI abrió oficialmente una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en noviembre de 2021. Esta decisión se basó en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, incluida la represión violenta de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias. A pesar de los avances iniciales, el proceso fue criticado por su lentitud.
En un discurso reciente, Karim Khan defendió el trabajo de la CPI y sostuvo que el caso venezolano había sido tratado de manera «centrada y sin demoras». Khan aseguró que había insistido a las autoridades venezolanas en que se deben lograr avances reales en la investigación local. Durante una visita a Caracas en abril de este año, destacó la importancia de la cooperación del gobierno de Maduro, que llegó a un acuerdo con la CPI en 2021 para facilitar el trabajo de la corte.
A pesar de estos esfuerzos, organizaciones de derechos humanos y figuras como Grossman creen que las medidas tomadas hasta ahora son inadecuadas. En su correo electrónico, Grossman dejó claro que no podía justificar la falta de acciones serias contra los autores de violaciones graves, lo que le llevó a decidir dejar su función como asesor.
Alegatos de conflictos de intereses y recusaciones al fiscal
La dimisión de Grossman se produce en medio de una creciente presión sobre Karim Khan. A principios de noviembre, la Fundación Arcadia, una ONG con sede en Washington, solicitó la retirada de Khan de la investigación sobre Venezuela, alegando un supuesto conflicto de intereses por la relación de un miembro del equipo legal del gobierno de Maduro con la familia del fiscal.
Aunque Khan negó estas acusaciones, pidió a la Sala de Apelaciones de la CPI que desestimara el caso. Sin embargo, las críticas a su gestión no se limitan al caso Venezuela; El fiscal también está acusado de conducta sexual inapropiada contra un asistente, acusaciones que él niega categóricamente.
Contexto político en Venezuela
Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para comenzar su tercer mandato como presidente el 10 de enero después de que las elecciones fueran fuertemente cuestionadas por falta de transparencia y acusaciones de fraude. Organizaciones internacionales han señalado que el gobierno está utilizando el cierre del espacio cívico, la represión de opositores y el uso de detenciones arbitrarias para mantener el control político.
El gobierno de Maduro ha negado sistemáticamente las acusaciones de fraude y crímenes de lesa humanidad, argumentando que los arrestados después de las protestas eran «criminales y terroristas». A pesar de esta defensa, la presión internacional sobre la CPI para que siga adelante con el caso continúa creciendo.
El Estatuto de Roma y la jurisdicción de la CPI
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en 2000, otorgando a la CPI jurisdicción para investigar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades locales no pueden o no quieren realizar investigaciones efectivas.
En este caso, la CPI ha indicado que existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal. Sin embargo, el progreso ha sido lento, lo que ha generado frustración entre las víctimas y los defensores de los derechos humanos que buscan justicia.
Un llamado a la acción más fuerte
La salida de Grossman refleja una creciente impaciencia dentro y fuera de la CPI por el manejo del caso venezolano. Su renuncia pone de relieve los desafíos que enfrenta la corte cuando intenta abordar violaciones a gran escala en contextos políticamente complejos.
En momentos en que las instituciones internacionales están siendo criticadas por su falta de eficacia, la renuncia de Grossman envía una señal clara de la necesidad de una acción más rápida y decisiva en la búsqueda de justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
Mientras tanto, el futuro de la investigación de la CPI en Venezuela sigue siendo incierto, al igual que el destino de quienes buscan responsabilidad por los abusos cometidos en el país. La renuncia de una figura tan destacada como Claudio Grossman subraya la urgencia de abordar estos desafíos con mayor determinación y transparencia.
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